Coahuila corre simultáneamente dos pilotos que conviene no confundir: el voto anticipado por internet (SIVEI) para personas con discapacidad y sus cuidadores,¹ y las urnas electrónicas presenciales en casillas especiales del 7 de junio.² Son arquitecturas de riesgo opuestas. Una expone superficie de ataque remota y traslada el problema al canal y al dispositivo del votante; la otra concentra el cómputo en un equipo físico bajo control del órgano. El comunicado oficial enfatiza la inclusión, pero la lectura operativa es que el INE está probando dos tecnologías con perfiles de amenaza distintos dentro de un mismo proceso local.

Acotar el voto por internet a personas con discapacidad imposibilitadas de acudir a la casilla es una decisión defendible: es el segmento donde el voto remoto resuelve una barrera real, no una comodidad. El número importa —804 de poco más de mil inscritos en el primer simulacro¹— porque describe adopción dentro de un universo pequeño y autoseleccionado, no escalabilidad. Un piloto de inclusión bien diseñado se mide por accesibilidad efectiva y ausencia de incidentes, no por volumen. Extrapolar de aquí hacia un voto por internet de alcance general sería el error clásico de leer un caso de borde como prueba de concepto universal.

Para que este piloto sirva a la región, el INE tendría que publicar lo que el comunicado no trae: la arquitectura de seguridad del SIVEI, los resultados auditados del ejercicio y las incidencias registradas durante la ventana del 24 al 30 de mayo. Sin eso, queda el anuncio. Para los órganos latinoamericanos que evalúan voto remoto —con poblaciones rurales o migrantes amplias— la lección preliminar es de gobernanza más que tecnológica: empezar por un segmento delimitado, someter el sistema a un verificador externo (como la UAM en la vía presencial²) y resistir la tentación de generalizar antes de tener datos públicos sobre la mesa.